La llamada “Guerra de
Michoacán” ha agregado zozobra en una zona que nunca ha estado exenta de
conflictos. Agreguemos un hecho más, tal vez menor, igualmente lamentable: la
pérdida de puntos de referencia para fijar parámetros sobre el bien social, lo
legal versus lo legítimo, lo prudente y lo intolerable, lo justificable y lo
delictivo.
Oponiéndose al mito de
la-eterna-lucha-del-bien-contra-el-mal, hoy aparecen nuevas dicotomías que
muestran cuán confuso puede ser el mapa político de la costa del Pacífico:
Malos-buenos vs. Malos-malos: la escisión del cártel de la Familia
Michoacana que hizo surgir a los Caballeros Templarios presentó a este grupo como
delincuentes bondadosos al estilo Robin Hood o Chucho el Roto, que golpeaban a
los malos-malos, particularmente a la Familia. (Esto mismo había ocurrido antes
con el enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y su lucha
contra los Zetas en la costa del Golfo.) Su carta de presentación era su
sentimiento localista que traducían como una defensa del estado de Michoacán.
Buenos-malos vs. Malos-buenos: el fenómeno social que había iniciado en
Guerrero se magnificó en Michoacán, donde se organizó una milicia bajo la
figura de los llamados grupos de autodefensa contra los Templarios. Su líder,
José Manuel Mireles Valverde, que en efecto ejerce como médico, tiene un pasado
interesante: en 1988 fue procesado y en 1991 sentenciado por delitos contra la salud,
concretamente posesión y venta de mariguana. En el penal de Morelia peleó por
el control del autogobierno junto con otros reclusos. Excarcelado en 1992, se
trasladó a los Estados Unidos donde trabajó en la defensa de migrantes. Sus
dotes o ansias de liderazgo lo llevaron a militar en tres partidos políticos.
Buenos-buenos vs.
Buenos-malos: esta es la parte de la historia que se entiende menos. El trato que
recibió el grupo de Mireles y él mismo, en un principio, fue de condescendencia
y hasta de aceptación. Tras el accidente de aviación en que resultó herido
recibió protección policiaca. No obstante, el lunes 13 de enero de 2014 se hizo
efectiva la orden de desarmar a la milicia michoacana. El saldo, ha reconocido
el Estado mexicano, es de al menos dos muertos. Versiones periodísticas
duplican el número de bajas.
En este confuso panorama nada es lo que parece. No obstante, las acciones
gubernamentales parecen sugerir que la única división posible está entre lo
legal y lo ilegal. Y que las buenas intenciones y los pretextos para justificar
las acciones ilegales no deben tener cabida.
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