La
ecuación priista del fracaso electoral es clara: inseguridad pública menos Ley
3 de 3 más gobernadores blindados igual a debacle. La salida de Manlio Fabio
Beltrones, como él lo hizo notar, se debe a este resultado catastrófico, pero
es imposible que las acciones presidenciales no le pasen factura a su partido.
Y como ocurre en un régimen fatalmente presidencialista, donde el partido en el
poder no tiene vida propia sino que sirve apenas de avatar del Jefe Supremo, la
solución no surgió del partido sido del único que puede generar las ideas
salvadoras, del que da y quita. Así pues, Enrique Peña Nieto designó a Enrique
Ochoa Reza y las bases reconocieron que ésta era la mejor opción.
De
esta forma, el partido vuelve a ser la sombra que disciplinariamente le
corresponde ser y se dirige nuevamente por palos de ciego. Ahora la apuesta es
que un tono “autocrítico” y el reconocimiento de los errores que ya han
recibido bastante reconocimiento en redes sociales, demuestre que el PRI va a
enmendar el camino y volverá a recibir carretadas de votos para ser aquella
aplanadora que añoran los viejos priistas. Pero la sombra de una segunda
derrota, ahora en 2018, ha encendido las alarmas y se impone la operación Mea
culpa.
Pero
este tono lacrimógeno será ineficaz si no hay verdaderos cambios de forma y
fondo en temas que preocupan a la sociedad. El de la Ley 3 de 3, por ejemplo,
que se volvió motivo de molestia generalizada; el de los gobernadores
“blindados” (los dos Duartes y Borge) que modificaron la ley para salir impunes
de sus malos manejos con el erario; el castigo contra elementos policiacos por los
actos represivos contra los profesores de la CNTE (homicidios incluidos) y la
falta de castigo contra los disidentes magisteriales cuando cometen delitos del
fuero común (como ya lo han hecho) amparados en motivaciones políticas (uno de
los casos más complejos, sin duda); y en general, el manejo desastroso de casi
todas las crisis del gobierno. Lo más importante: una disminución radical en la
inseguridad y un combate efectivo a la delincuencia organizada.
No
todo es culpa del PRI, estamos claros. Pero desde las bancadas tricolores en la
diputación federal y el senado se han mandado señales en contrario y se ha
evidenciado como la fuerza política más interesada en generar espacios grises
donde la corrupción pueda subsistir y reproducirse.
Nadie
pide que estos problemas, cuya gestación en México ha sido legendaria, sean
erradicados en los años que quedan del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sólo que
el partido en el poder tenga un actuar coherente y si se da golpes de pecho y
dice que combatirá la corrupción de los malos funcionarios, actúe contra César
Duarte, Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge y Humberto Moreira. Y contra
otros malos gobernantes que no están en el PRI, de paso.
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