Cuando
Javier Duarte de Ochoa se presentó al noticiero matutino de Carlos Loret de
Mola para anunciar que solicitaría licencia al cargo de gobernador de Veracruz,
con cierta ingenuidad Loret le preguntó si no era una forma de darse a la fuga,
protegido por el fuero constitucional. Digo ingenuidad porque el 99.9 por
ciento de la audiencia sabía que ésta era la única razón de dicha solicitud.
Inmediatamente
empezaron a circular en redes sociales unos memes que hacían alusión al
inminente prófugo: el dibujo de unas manos de cerdo con esposas y la leyenda
“No dejen que escape”. Pero amparado en que uno de sus principales cómplices
quedaba a cargo como gobernador interino, Duarte escapó.
Como
si esa hubiera sido la señal, comenzaron a difundirse una serie de
informaciones sobre las desmedidas acciones del gobernador con licencia en
contra del erario, de los presidentes municipales y de los contratistas del
gobierno estatal. De los bienes adquiridos de forma inexplicable o francamente
ilícita. De sus interminables prestanombres. De cantidades en términos de
millones y decenas de millones y cientos de millones. De la completa impunidad
con la que actuó durante seis años y de cómo a 48 días de terminar su mandato
se descubrieron todos sus delitos.
Como
un villano de telenovela, en el episodio del domingo del gran final la
Procuraduría General de la República decide encausarlo y revela lo que sus
detractores señalaron desde los primeros meses de su mandato: irregularidades,
desvíos, latrocinio en todas sus formas. Eso fue lo que hizo a lo largo de un
sexenio, pero el gobierno federal sólo se dio por enterado a un mes de concluir
su mandato.
Dos
graves encubrimientos hay que señalar entonces: el que realizó el gobierno
federal durante esos seis años y el que el gobernador interino de Veracruz,
Flavino Ríos realizó para facilitar su fuga. Amén de la fuga de información que
lo puso sobre aviso y le permitió evadir la acción de la justicia.
Pero
si Duarte merece la cárcel por todo lo que hizo, habría también que procesarlo
por lo que no hizo. Durante su mandato la presencia del crimen organizado se
hizo sentir como nunca. El gobierno estatal se replegó de una manera indigna y
abdicó de su obligación de proporcionar seguridad pública a los veracruzanos.
Su indiferencia y ineficacia en la persecución del delito son en sí un delito.
Veracruz
se volvió el estado más peligroso para ejercer el periodismo. En un apretado
recuento, entre los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte fueron asesinados
24 periodistas y 8 se encuentran desaparecidos. La mayoría de estos casos no se
ha resuelto.
Contrastando
con la pobreza e inseguridad de sus habitantes, la riqueza de su gobernador
creció en proporciones ofensivas. Lo declarado en su 3de3 es tan incongruente,
tan irrisorio, tan falso, que mueve a la indignación. Pero en su red de
prestanombres (amigos, familiares y empresarios) en sus empresas fantasma, en
su inner circle de colaboradores y cómplices, se encuentran los cuantiosos
recursos que hoy le faltan a Veracruz. Su quiebra benefició a unos pocos: para
qué distribuir la pobreza si se puede concentrar la riqueza.
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